El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que el próximo 5 de noviembre iniciará la discusión del proyecto que propone invalidar la elección de jueces y magistrados federales por voto popular, parte de la reforma judicial.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, diputados del Congreso de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, quienes argumentan que la medida afecta la autonomía del Poder Judicial.
El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, busca anular las disposiciones que establecen el acceso a estos cargos mediante elección popular, al considerar que no existen las condiciones democráticas mínimas para una elección auténtica. En el documento, el ministro subraya la falta de certeza en el mecanismo de postulación de candidatos y el uso de listas masivas, lo cual, según él, impide un voto libre e informado que refleje las preferencias electorales para órganos jurisdiccionales específicos.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, el proyecto plantea invalidar disposiciones que otorgan facultades ambiguas y excesivamente amplias, ya que estas podrían someter la autonomía de los juzgadores. No obstante, González Alcántara Carrancá considera válido que los impartidores de justicia se sometan a evaluaciones de desempeño a partir del primer año en el cargo, así como que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidas por voto popular, pues no se demuestra que ello genere subordinación a un poder externo.
“El Tribunal Pleno considera que la integración del Tribunal de Disciplina Judicial no menoscaba la independencia jurisdiccional ni representa un mecanismo de control sobre los jueces”, apunta el proyecto. Además, el ministro concluye que no se detectaron violaciones con suficiente peso para invalidar el proceso legislativo en su totalidad.
La resolución final del Pleno de la SCJN será determinante para el futuro de esta controvertida reforma judicial.
Por Areli Rodríguez