La reciente elección del Poder Judicial en México se ha visto marcada por una alarmante escasa participación ciudadana, que alcanzó apenas los 13 millones de electores. Este fenómeno ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y la calidad de la democracia en el país.
Desde el inicio de la campaña electoral, se denunciaron múltiples irregularidades que ponen en entredicho la transparencia del proceso. Se hicieron acusaciones de simulación y acarreo, donde se documentaron casos de personas obligadas a votar en favor de ciertos candidatos. Además, el influyentismo y el partidismo fueron temas recurrentes, con muchos votantes manifestando que la decisión estaba influenciada por intereses políticos ajenos a las preferencias ciudadanas.
Otro aspecto controversial fue la presencia de «acordeones», listas que facilitaban la votación a ciertas candidaturas, lo que demuestra, una vez más, la falta de regulación adecuada en el proceso electoral. Este tipo de prácticas socavan la relevancia de la elección y generan desconfianza entre los votantes.
En medio de esta situación, el presidente López Obrador reapareció en escena, alabando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, lo que fue interpretado por muchos como un intento de legitimación de un proceso que ya se encontraba cuestionado. Mientras tanto, la presidenta se permitió presumir que México es un país 100% democrático, una afirmación que varios ciudadanos y analistas ven como desconectada de la realidad que enfrentó el proceso electoral.
La combinación de la baja participación, las irregularidades y el intervencionismo político plantea serios retos para el futuro del sistema judicial en México. Este contexto exige una reflexión profunda sobre cómo se están llevando a cabo las elecciones y la necesidad de implementar reformas que fortalezcan la democracia y aseguren la transparencia y la justicia en todos los niveles del gobierno. Si no se toman medidas inmediatas, el riesgo de erosionar la confianza pública en el sistema judicial y en la democracia misma será inminente.
Sin duda, los tiempos por venir serán desafiantes para la impartición de justicia en México. La combinación de irregularidades en procesos electorales, escasa participación ciudadana y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones puede tener repercusiones graves. La legitimidad del Poder Judicial, así como la confianza en el sistema político, se ven amenazadas, lo que podría dar lugar a una crisis de gobernabilidad.
Es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen de la mano para restaurar la confianza en el sistema judicial. Esto implica no solo reformas estructurales, sino también un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos democráticos. Solo así se podrá pensar en un futuro en el que la justicia y la democracia no solo sean ideales, sino una realidad palpable para todos los mexicanos.