El decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum representa un esfuerzo significativo para abordar los problemas de salud pública relacionados con el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y el fentanilo. Al prohibir la producción, distribución y venta de estos productos, la administración busca no solo proteger la salud de la población, sino también combatir el tráfico de sustancias nocivas. Las modificaciones a la Constitución en materia de protección a la salud reflejan un enfoque más riguroso y preventivo, que implica sanciones para quienes participen en la comercialización y distribución de estos productos.
Este movimiento ha suscitado un debate sobre la efectividad de tales medidas en la lucha contra el consumo de drogas y el impacto en los usuarios actuales de estas sustancias.