La reciente noticia sobre la vinculación a proceso de Rafael “N” y Lucio “N”, ex Oficiales Mayores Administrativos del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, resalta la crucial responsabilidad de los ciudadanos en la supervisión de la labor de los servidores públicos. Estos funcionarios han sido señalados por permitir que una trabajadora cobrara su salario sin cumplir con su horario laboral, un acto que no solo vulnera la ley, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control y Oralidad, Luis Daniel Canales González, determinó que ambos ex funcionarios incurrieron en abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, lo que subraya la importancia de que los ciudadanos estén atentos y participen activamente en el seguimiento de estas situaciones. La vigilancia ciudadana es fundamental para garantizar que los servidores públicos actúen con integridad y transparencia.
Además, el caso de Rafael “N”, quien aprobó el nombramiento de una persona sin título para ejercer en la Proveeduría Municipal, y la permisividad de Lucio “N” al firmar nombramientos a pesar de evidencias de ausencias laborales, son ejemplos claros de cómo la falta de supervisión puede llevar a la corrupción. La responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, sino que también es vital que la ciudadanía se involucre en el proceso de rendición de cuentas.
La decisión del juez de imponer medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la suspensión temporal de sus cargos, es un paso hacia la justicia. Sin embargo, esto debe ser solo el comienzo. Es imperativo que como sociedad exijamos mayor transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir un entorno en el que la corrupción no tenga cabida y los servidores públicos cumplan con su deber de servir a la comunidad de manera ética y responsable. La participación activa de los ciudadanos en este proceso es esencial para asegurar que se respeten nuestros derechos y se promueva la justicia social.